Presidente del Consejo de la Judicatura presentó Informe de Labores 2016 ante la Asamblea Nacional

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Presidente del Consejo de la Judicatura presentó Informe de Labores 2016 ante la Asamblea Nacional

 

La transformación de la justicia ecuatoriana se lleva adelante no solo con recursos (normativa e infraestructura, tecnología, incorporación de más jueces o un nuevo modelo de gestión) sino, sobre todo, con valores y ética.

 

Así lo señaló el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, este 26 de enero, ante la Asamblea Nacional, durante la presentación del informe anual de labores, correspondiente al 2016.

 

El titular del CJ, quien estuvo acompañado de todos los vocales, dijo que la institución trabaja en beneficio de la ciudadanía apegada a la Constitución y las leyes. “Nosotros seguiremos cumpliendo nuestra responsabilidad de aplicar el sistema disciplinario siempre con el debido proceso”, señaló.

 

Explicó que la Función Judicial tiene actualmente 2083 jueces y que el año pasado se iniciaron 895 expedientes disciplinarios por denuncias de la ciudadanía contra determinados operadores de justicia. En la mayoría de casos las quejas fueron desechadas y luego del debido proceso, apenas 59 funcionarios (2.8%) fueron separados de sus cargos.

 

Situación similar ocurrió en lo que respecta a fiscales. Existen 849 servidores de ese rango y en 2016, se abrieron 193 expedientes disciplinarios al final de los cuales solo 17 fueron destituidos, es decir solo el 2 %.

 

“Lo que tenemos es un sistema de autodepuración judicial, exigente al ingreso, con carrera, que significa concursos públicos con impugnación ciudadana, pero también significa la responsabilidad de tener el más alto nivel de servicio público (…) Es gracias a estos mecanismos que se puede impedir la impunidad en ciertos casos cuando alguien no hace un trabajo eficiente”, dijo.

 

Durante su informe, el doctor Jalkh resaltó la cobertura judicial y recordó que Ecuador  tiene una tasa de 12.6 jueces por cada 100 mil habitantes. En 2012, apenas era de 8.4.

 

Asimismo, destacó la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la aplicación del juicio Directo para juzgar los delitos flagrantes. Desde el 10 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016, se tramitaron 78 390 infracciones de este tipo de las cuales, 30 996 se resolvieron por procedimiento Directo. “La aplicación de estos procesos especiales permitió un ahorro para el Estado de 181.6 millones de dólares”, señaló.

 

El Presidente Jalkh manifestó que con la aplicación del COIP, en las unidades de flagrancia, se emiten 46 sentencias por mes y el tiempo promedio de resolución es de 18 días; en el 2012, se generaban 15 sentencias en 191 días.

 

Expresó que desde agosto de 2014 hasta diciembre de 2016, se evitó que 83 690 audiencias fallen lo que generó un ahorro para el Estado de 30 millones de dólares. Además, se realizaron 11 546 audiencias mediante videoconferencia, lo cual impidió  el traslado de 17 238 personas privadas de libertad y se ahorró 4.3 millones de dólares.

 

En cuanto a la aplicación del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), dijo que hasta diciembre de 2016, hubo 31 631 sentencias y destacó los tiempos de resolución en los distintos procedimientos.  

 

También se refirió a las acciones desplegadas en Manabí para restaurar los servicios de justicia, luego del terremoto de abril de 2016. Sostuvo que la Función Judicial fue la primera en restablecer  la atención a la ciudadanía y en 24 horas estuvo operativo el sistema de flagrancia y ningún proceso penal quedó en la impunidad.

 

Igualmente, destacó la entrega a la ciudadanía de los complejos judiciales de Durán, de San Miguel de Bolívar, de Zamora, y del Norte de Quito, que será inaugurado oficialmente el próximo 2 de febrero.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN